EL MUNDO. La
ministra de Trabajo se reúne hoy con los agentes sociales para presentarles su
plan de reforma de las pensiones. El proyecto gira en torno a dos ejes: las
prestaciones se revalorizarán todos los años, sea cual sea la marcha de la
economía; y el factor de sostenibilidad, que ajustará la cuantía de la
pensión a la esperanza de vida, entrará en vigor en la primera nómina de
2019.
El
plan del Ministerio de Empleo suaviza de manera significativa la
propuesta de reforma que un comité de doce expertos en la materia
presentó el pasado junio.
En
el documento que elaboró este grupo de trabajo se emplazaba al Gobierno a que
el ajuste de la cuantía del subsidio se iniciase ya en 2014, y a que éste
dejase de actualizarse automáticamente todos los años. Sólo el representante de
Comisiones Obreras apostó por retrasar hasta 2019 la entrada en vigor de la
reforma. En opinión del comité, la prestación debería estar ligada a la
evolución de los ingresos y los gastos del sistema, de manera que oscilase en
función de la marcha de la economía.
El
Gobierno ha apostado por establecer un suelo mínimo en la
revalorización. Así, ésta nunca pueda ser igual o inferior a cero. Esta
medida tiene un claro contenido político, pues dejaría al último Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero como el único que congeló los subsidios, en el
ejercicio de 2011. Mariano Rajoy tampoco las revisó el pasado año con el IPC y
optó por subirlas un 1%.
El
problema es que el diseño de esta medida puede entrar en colisión con las
exigencias de la Comisión Europea para suavizar los objetivos de déficit de
España. El comisario Ollie Rehn ha sido muy tajante al reclamar la total
desindexación de las pensiones y los salarios a la inflación.
Mediante
el retraso de la entrada en vigor de la reforma, Báñez pretende limar la
previsible negativa de los sindicatos a su reforma. La fecha de 2019 todavía no
está cerrada, pues dependerá del diseño definitivo del factor de
sostenibilidad. Curiosamente, el comité de expertos calculó que en ese año se
agotarían las reservas de la Seguridad Social si se mantenía el actual ritmo de
déficit.
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